Desde el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan REPUDIAMOS las intenciones de modificar el nombre a la Dirección de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan, por parte de sus autoridades. En este mismo camino, reivindicamos la lucha por MÁS políticas públicas que tiendan a la igualdad entre hombres y mujeres como así también MÁS inversiones presupuestarias para sostener las acciones que se llevan adelante.
La iniciativa gubernamental tomó estado público por los medios de comunicación  ante el homicidio de Alfredo Turcumán en manos de su pareja y con el fin de alentar a los hombres a que realicen denuncias en esa dirección. Pero cabe recordar que desde la recuperación de la democracia y a través de la lucha de las mujeres para tener un lugar propio en el  Estado desde el cual pensar políticas específicas, se crearon distintos organismos nacionales y provinciales, entre ellos la  Dirección de la Mujer de la Provincia de San Juan.
En el actual contexto de aumento de los femicidios y de la violencia de género, las mujeres y otros colectivos han manifestado públicamente de distintos modos y en reiteradas oportunidades la insuficiencia presupuestaria y de políticas destinadas a combatir la desigualdad entre varones y mujeres.
Por ello resulta preocupante que el Gobierno de San Juan, junto a los medios de comunicación hegemónicos no tomen conciencia de la gravedad de la situación social. En un país en el que una mujer es asesinada cada 18 horas por el solo hecho de ser mujer es preocupante que los funcionarios, sobre todo aquellos encargados de la problemática en la Provincia, quienes además deberían conocer como nadie la magnitud del problema y la falta de recursos con que las víctimas se encuentran a diario para sobrevivir y acceder a la justicia, demuestren tener tan poca claridad ante la situación y pretendan invisibilizar una vez más la violencia de género como un tipo de violencia específica.
La provincia de San juan continúa sin adherir a la Ley 26.485, Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, que rige en el resto del país. Así, el Gobierno desconoce los derechos de las mujeres consagrados por las leyes nacionales y Pactos Internacionales.
Nuestro país adhiere a tratados internacionales contra toda forma de discriminación a la mujer; se han aprobado importantes leyes, producto de nuestra lucha de años, que los gobiernos se resisten a aplicar. 
Por estas razones es que solicitamos la plena implementación de esta ley y todas las leyes nacionales que reconocen derechos a las mujeres en nuestra Provincia, comprendida la Ley de Educación Sexual Integral.
Asimismo rechazamos la intención de la responsable a cargo de la Dirección de la mujer de modificar el nombre del organismo y planteamos la necesidad de fortalecer esta área con mayor presupuesto y políticas públicas destinadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.